Juan Carlos Callacondo Velarde
Profesor y
Comunicador Social
Empezaron
a publicarse por diferentes medios de comunicación la capacidad de gasto que tienen
el estado a través de los diferentes unidades ejecutores como son los gobiernos
locales, regionales y sectores del estado, el promedio de ejecución sus
presupuestos de inversión pública asciende al 48% del presupuesto asignado.
En estos tiempos es común
que la eficiencia de la gestión se mida en función de cuánto del presupuesto
asignado se gasta en el año, es decir, “la capacidad de gasto”, pues cada
Entidad del Estado tiene funciones que cumplir y para ello se le asigna el
presupuesto correspondiente. A pesar del enorme déficit en infraestructura, educación,
salud pública y de la necesidad de mayor seguridad los gobiernos locales, regionales y
ministerios del estado nos muestran una incapacidad de gasto. Así se advierte que
los gobiernos regionales y locales sólo han ejecutado el 48% de su presupuesto,
en tanto que el gobierno central apenas ha gastado apenas el 35% del
presupuesto destinado a inversiones. ¿Qué significa este indicador? Sin dudas
problemas de capacidad a diferentes niveles de planificación, ejecución de
administración del estado.
Además
de evaluar los montos ejecutados en materia de inversiones, también debe
tomarse en cuenta qué tanto de ese gasto contribuyó al propósito para el que se
asignó el presupuesto, y en ello reviste gran importancia el que las Entidades
cuenten con funcionarios calificados y capacitados que puedan proponer
proyectos que contribuyan realmente a satisfacer las necesidades de la
población y que sepan administrar y supervisar los contratos que suscriben a
efecto de que los contratistas ejecuten sus prestaciones con calidad.
En
este punto, corresponde resaltar que actualmente se cuenta con normativa sobre
“Presupuesto por Resultados”, que permite asignar recursos a las entidades
según indicadores de cumplimiento en su ejecución, pero es imperativo que se
dote de mayor dinamismo a su implementación y se promueva el diseño y
planteamiento de proyectos de inversión pública que se orienten precisamente a
atender las necesidades más relevantes de la población y, en este escenario que
exista una instancia de planificación que tenga un rol más activo en el
planeamiento del Estado, contribuyendo en la definición de metas claras con
indicadores cuantitativos y verificables. En línea con ello, el Sistema
Nacional de Inversión Pública (SNIP) debe constituirse en una herramienta que
confluya verdaderamente al uso eficiente de los recursos públicos, obviando los
formalismos que sólo contribuyen a dilatar la ejecución de los proyectos.
Finalmente,
en procura de lograr la eficiencia en la ejecución de los recursos públicos,
los organismos que tienen a su cargo el control y supervisión del gasto público
deben orientarse a la verificación del grado de eficiencia, transparencia y
economía en el uso de los recursos públicos. Lamentablemente, las acciones de
control muchas veces se orientan a determinar el cumplimiento de las formas y
procedimientos, olvidando que el procedimiento es un medio para alcanzar un fin
y no el fin en sí mismo. En cambio, debe ponerse mayor atención al cumplimiento
de las metas planteadas y el impacto que tiene la gestión en la atención al
ciudadano

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