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Juan
Carlos Callacondo Velarde
Comunicador Social y Docente Universitario
A través de las redes sociales y los medios
de comunicación masiva se viene librando un fuerte debate sobre la violencia
contra la mujer como producto de un machismo exacerbado en nuestra sociedad. La
primera artillería fue despachada por las congresistas Maritza Glave y Indira Huillca quienes en una reacción frente
la execrable violación de una censista en la ciudad Lima durante la jornada del
Censo lanzaron el hashtag
#PerúPaísdeVioladores que a viralisados las
redes y la mente de muchos machistas, feministas, cucufatos y ciudadanos del
país.
Las cifras circularon de inmediato como para confirmar,
que este es un país realmente de machistas agresores y violadores. Según, las cifras del
Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público en lo que va el año; son, 17,182
denuncias formuladas por delitos de violación a la libertad sexual (violación,
acoso, tocamientos indebidos) y más de 6 mil tipificados como violación sexual,
de los cuales el 70% son a menores a 17 años. De igual forma se expresan que cada
día se registran 63 denuncias por agresión sexual en país. Al que habría que
sumar otra gran cantidad de cifras negras sobre el caso, que no llegan a la
policía y los Centros de Emergencia Mujer por el miedo a la presión de la
pareja, la familia y la vergüenza social.
La opinión
pública reaccionó de inmediato solicitando sanciones y castigos a los
violadores. El congreso ya colocó en la
agenda legislativa una iniciativa de ley, el Ministro de Justicia también se mostró
a favor la necesidad
de restituir la pena de muerte a los violadores, como ya estuvo
contemplado en la Constitución Política del Estado del año 1930, 1979. El impedimento
que no permite dicha aplicaciones, es la suscripción del estado peruano de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) mediante el
cual no es posible aplicar en nuestro país la pena de muerte en el caso de
violación sexual de menores de siete años, tampoco es posible la inclusión de
nuevos supuestos de pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico nacional.
En primer paso es salir de este convenio internacional.
La impotencia de no poder educar, prevenir
esta enfermedad social nos hace pensar en leyes y normas cada vez más severas.
Es posible que dicha ley funcione como un
medio disuasivo. Sin embargo, no cura las mentes enfermas de los
violadores que han constituido la
violencia contra la mujer en un problema de salud pública y seguridad. Deberían
de generarse programas de intervenciones multidisciplinarios más agresivas en
las Instituciones Educativas y las familias, porque allí puede haber resultados
muy inmediatos.
Hay que seguir reclamando sanciones más severas, de igual forma no debe concederse
ni un milímetro más al machismo y la misoginia muy metida en los códigos genéticos,
sociales y culturales del país. También
hay que demandar a las instituciones del
estado que salgan de zona de confort, difundiendo solo dar estadísticas y
opiniones no avanzaremos nada.
