MUERTE CIVIL Corrupción de funcionarios

Juan Carlos Callacondo Velarde                                                                                   Comunicador Social y docente universitario

Entro en aplicación la ley denominada muerte civil para funcionarios y trabajadores que estuvieran comprometidos en actos de corrupción.  Los delitos de peculado, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, ahora podrá ser penado con la inhabilitación profesional y el trabajo en el sector público  entre cinco y veinte años. Aquellos que incurran cuyo delito supere los 59 mil soles de perdida al estado y/o atenten contra los programas de apoyo y  desarrollo pueden ser inhabilitado de por vida.

Esta ley que es parte de la lucha contra la corrupción que genera millonarias pérdidas al estado. Según algunas proyecciones se estima que al año  suman aproximadamente 33.800 mil millones al año. El daño más doloroso es la pérdida de los valores y la confianza hacia las instituciones del estado. La pérdida de este capital cultural sin duda atenta directamente con el sistema democrático.

Pareciera que los terrenos más fértiles para la corrupción  son los sectores  de educación, interior, salud, poder judicial  y las municipalidades. En este último se habría presentado la incidencia más alta que según el reporte de la contraloría  indica  que de los 1841 alcaldes de la gestión anterior  1700  están en proceso de investigación por alguna modalidad de corrupción.

De aplicarse de manera adecuada y pertinente tendrá un alto impacto en dichos sectores. Sin embargo como la corrupción por su misma naturaleza  se encargara de encontrar caminos para sacarle vuelta o a tardar la aplicación de esta ley. A pesar de  esto es una buena iniciativa del poder ejecutivo para poner el cascabel al gato y empezar a marcar muy de cerca a los corruptos.

La real cura frente a este tipo de males y enfermedades siempre lo constituye la prevención. En este caso este caso la formula siempre está en la educación. La ley al solo quedarse en el lado punitivo no avanzará mucho. La lucha contra la corrupción  también debe  estar incluido al que genera o promueve el pecado que son los usuarios  de los servicios.    

Representación Política

Juan Carlos Callacondo Velarde

Comunicador Social y docente universitario

Arequipa siempre será el “El León del Sur” -aunque últimamente dormida-, denominación contrastada  por su espíritu, contestaría, rebelde, levantisco, indómito y revolucionario, mostrado y demostrada en las revoluciones gestadas. Detrás de estas rebeliones sin duda existía  un poder político que respaldaba y generaba un protagonismo y liderazgo nacional. Solo queda en los anales de la historia como el Partido Liberal Independiente de Francisco Mostajo y Lino Urquieta coloco en la agenda nacional  sus debates y luchas a favor de la reforma agraria y la reivindicación del proletariado para sus tiempos. La presencia del Frente Democrático Nacional  gestado desde Arequipa  por Manuel J. Bustamante de la Fuente y llevó a José Luis Bustamante y Rivero y alcanzó ser presidente del país. El  Partido Demócrata Cristiano fundado por Héctor Cornejo Chávez, Jorge Cornejo Polar, Álvaro Belaúnde, Gustavo Quintanilla, Luis Rey de Castro, Roger Cáceres y Enrique Chirinos Soto que lidero la formación de otros partidos políticos nacionales.

Solo queda en la evocación histórica la presencia Jaime Rey de Castro  Diputado por Arequipa en 1956,  que con su elocuencia y por su sólida formación jurídica fue una referencia obligatoria  en la labor legislativa y fiscalizadora en el congreso de la república. Estos políticos  si tenían  “propuestas políticas lúcidas y muchas veces vanguardistas que se plasmaron en la creación de organizaciones vitales para comprender la vida política nacional del siglo pasado” como lo dice José Luis Vargas.

Hoy solo queda la nostalgia de tremenda representación política que  no se pudo, ni se supo continuar y emular. La noticia protagonizada  por la congresista por Arequipa Alejandra Aramayo por algunos pedidos y berrinches domésticos es la ausencia la formación de  nuestra clase política regional. Tal vez el último político arequipeño que tuvimos que elevaba  el debate y la discusión política fue Juan Manuel Guillen, luego de él no hay un preclaro político de la talla de antaño, pues eso se logra con una dedicación a la política  y sólida formación académica. Nuestros actuales representantes  y políticos actuales  están lejos de este legado político.  

Arequipa tiene 6 representantes ante congreso de la república en estos primero 60 días  aun no muestran reflejos, ni síntomas de su representación política. Un congresista asume la función fundamental de hacer política y su función esencial es articular, proponer y unificar intereses entre estado y la ciudadanía a través de leyes y la negociación política, desarrollar propuestas a favor de los intereses y necesidades de la población, promover la socialización y debate  político generando la participación ciudadana permanente. Estos primeros días del debut de nuestros representante nos hace presagiar que no habrá leyes e iniciativas que  trasciendan más allá del alboroto y el chisme político. 

Reelección de alcaldes

¿Está usted de acuerdo con la gestión de su alcalde?, ¿Podría darle una oportunidad más? Sin duda, un alcalde es la representación del poder político en un espacio local. Cuando los ciudadanos exigen a su alcalde resolver todos los problemas que tienen  toda la razón. Porque el alcalde tiene el poder del estado y también el poder político. Como tal tiene toda la responsabilidad de buscar el bienestar general de su población en todos los campos, así este no sea de su competencia. Si no resuelve, lidera  y promueve su cambio o su gestión.

El grupo parlamentario  fujimorista de Fuerza Popular está impulsando en el congreso la modificación de la ley que prohibía la relección inmediata de alcaldes, esta iniciativa que está buscando el consenso en otras bancadas para permitir una sola reelección para alcaldes, más no de gobernadores, ni congresistas. Tiene como tesis central que cuatro años es muy poco para gobernar y muchos alcaldes que quedan solo en el aprendizaje. Si cuatro años es muy poco tiempo para gobernar, también habría que aplicar ese mismo razonamiento para los gobernadores, para la presidencia de la república. Habría que comprender que para ellos si es suficiente tiempo cuatro y cinco años, más no así para los alcaldes. Ese sustento no tiene mayor asidero.   

Más allá de allá de esa inconsistencia, esta es una iniciativa in popular, no aborda la compleja problemática de los gobiernos locales y el desencanto popular. Nuestras autoridades han perdido o pierdan como mucha facilidad su representación legítima. Lo legitimo, entendido como pérdida de confianza del pueblo. Los electores endosan un voto con la esperanza de tener buena representación que resuelva los fuertes problemas que nos aquejan en un espacio reducido como es un distrito. Nuestros grandes problemas están a la vista como son la seguridad ciudadana, servicio de transporte público,  recojo de basura oportuna, parques y plazas adecuadamente  cuidados, gestión de obras  menudas y de envergadura además de otros  servicios municipales a los que acuden diariamente. En suma la gente ha perdido la confianza al valor público de la gestión municipal. Con iniciativa de reelección no se restituye la confianza de la autoridad.

Otro problema importante es la función de los partidos políticos en un espacio local, el ser electos por organizaciones locales no es ninguna garantía para la consolidación democrática. Cuando los vecinos expresan su desesperanza con la gestión municipal se quejan de la incapacidad de los partidos políticos. Si  los alcaldes y funcionarios públicos no poseen formación política  ni mucho menos  gestión pública siempre demoran en aprender y muchos no tienen las capacidades suficientes, ellos nunca aprenderán. La formación de los cuadros políticos es una función de los partidos políticos, por eso deben captar buenos candidatos, formarlos y acompañarlos en la gestión municipal.  La ley no fortalece la presencia en partidos políticos en la gestión municipal.

Otro gran problema es la percepción de corrupción generalizado dentro de la municipalidad, que muchas veces es promovido por los mismos proveedores  bajo el auspicio de la autoridad. La obligación del diezmo para la autoridad es una ley implícita en la negociación con el estado y la autoridad, esto visto por los trabajadores, en muchos casos casi automáticamente emulado entrándose en actos de corrupción. De allí que deviene esta frase en elecciones que “toda reelección es corrupción”. A pesar que la contraloría tiene todas las leyes anticorrupción las mafias de corrupción pueden más.

La propuesta de ley no analiza las causas que generan el desencanto popular con el gobierno local. No propone una reforma integral y como tal solo es una iniciativa politiquera y no política. Solo se está pateado la pelota para delante y no resolver los problemas que siempre se repetirán.  Al final el veredicto siempre viene del pueblo y muchas veces siempre es justa.