MUERTE CIVIL Corrupción de funcionarios

Juan Carlos Callacondo Velarde                                                                                   Comunicador Social y docente universitario

Entro en aplicación la ley denominada muerte civil para funcionarios y trabajadores que estuvieran comprometidos en actos de corrupción.  Los delitos de peculado, malversación, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros, ahora podrá ser penado con la inhabilitación profesional y el trabajo en el sector público  entre cinco y veinte años. Aquellos que incurran cuyo delito supere los 59 mil soles de perdida al estado y/o atenten contra los programas de apoyo y  desarrollo pueden ser inhabilitado de por vida.

Esta ley que es parte de la lucha contra la corrupción que genera millonarias pérdidas al estado. Según algunas proyecciones se estima que al año  suman aproximadamente 33.800 mil millones al año. El daño más doloroso es la pérdida de los valores y la confianza hacia las instituciones del estado. La pérdida de este capital cultural sin duda atenta directamente con el sistema democrático.

Pareciera que los terrenos más fértiles para la corrupción  son los sectores  de educación, interior, salud, poder judicial  y las municipalidades. En este último se habría presentado la incidencia más alta que según el reporte de la contraloría  indica  que de los 1841 alcaldes de la gestión anterior  1700  están en proceso de investigación por alguna modalidad de corrupción.

De aplicarse de manera adecuada y pertinente tendrá un alto impacto en dichos sectores. Sin embargo como la corrupción por su misma naturaleza  se encargara de encontrar caminos para sacarle vuelta o a tardar la aplicación de esta ley. A pesar de  esto es una buena iniciativa del poder ejecutivo para poner el cascabel al gato y empezar a marcar muy de cerca a los corruptos.

La real cura frente a este tipo de males y enfermedades siempre lo constituye la prevención. En este caso este caso la formula siempre está en la educación. La ley al solo quedarse en el lado punitivo no avanzará mucho. La lucha contra la corrupción  también debe  estar incluido al que genera o promueve el pecado que son los usuarios  de los servicios.