Pena de muerte

Juan Carlos Callacondo Velarde                                                                                   Comunicador Social y Docente Universitario

A través de las redes sociales y los medios de comunicación masiva se viene librando un fuerte debate sobre la violencia contra la mujer como producto de un machismo exacerbado en nuestra sociedad. La primera artillería fue despachada por las congresistas Maritza Glave  y Indira Huillca quienes en una reacción frente la execrable violación de una censista en la ciudad Lima durante la jornada del Censo lanzaron  el hashtag #PerúPaísdeVioladores que a  viralisados las redes y la mente de muchos machistas, feministas, cucufatos y ciudadanos del país.

Las cifras circularon de inmediato como para confirmar, que este es un país realmente de machistas  agresores y violadores. Según, las cifras del Ministerio de la Mujer y el Ministerio Público en lo que va el año; son, 17,182 denuncias formuladas por delitos de violación a la libertad sexual (violación, acoso, tocamientos indebidos) y más de 6 mil tipificados como violación sexual, de los cuales el 70% son a menores a 17 años. De igual forma se expresan que cada día se registran 63 denuncias por agresión sexual en país. Al que habría que sumar otra gran cantidad de cifras negras sobre el caso, que no llegan a la policía y los Centros de Emergencia Mujer por el miedo a la presión de la pareja, la familia y la vergüenza social.

La  opinión pública reaccionó de inmediato solicitando sanciones y castigos a los violadores. El congreso ya  colocó en la agenda legislativa una iniciativa de ley, el Ministro de Justicia también se mostró a favor   la necesidad  de restituir la pena de muerte a los violadores, como ya estuvo contemplado en la Constitución Política del Estado del año 1930, 1979. El impedimento que no permite dicha aplicaciones, es la suscripción del estado peruano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) mediante el cual no es posible aplicar en nuestro país la pena de muerte en el caso de violación sexual de menores de siete años, tampoco es posible la inclusión de nuevos supuestos de pena de muerte en nuestro ordenamiento jurídico nacional. En primer paso es salir de este convenio internacional.

La impotencia de no poder educar, prevenir esta enfermedad social nos hace pensar en leyes y normas cada vez más severas. Es posible que dicha ley funcione como un  medio disuasivo. Sin embargo, no cura las mentes enfermas de los violadores que  han constituido la violencia contra la mujer en un problema de salud pública y seguridad. Deberían de generarse programas de intervenciones multidisciplinarios más agresivas en las Instituciones Educativas y las familias, porque allí puede haber resultados muy inmediatos.

Hay que seguir reclamando  sanciones más severas, de igual forma no debe concederse ni un milímetro más al machismo y la misoginia muy metida en los códigos genéticos, sociales y culturales del país.  También hay  que demandar a las instituciones del estado que salgan de zona de confort, difundiendo solo dar estadísticas y opiniones no avanzaremos nada.