Juan
Carlos Callacondo Velarde
Comunicador Social y Docente Universitario
La vivienda o el derecho al techo es una
necesidad básica señalada en la Constitución Política del Estado. Por
satisfacer dicho derecho en nuestra ciudad cada fin de semana se movilizan miles
de personas que buscan proteger y mostrar posesión de un lote de terreno en
alguna asociación de vivienda. Se estima que en la ciudad de Arequipa estaría
en esta condición más 180 mil ciudadanos buscando adjudicarse bajo titularidad de
un predio vía COFOPRI o un dictamen del poder judicial.
Esta cantidad de población con esta necesidad
básica insatisfecha, también se convierte en un potencial electoral muy
importante para los políticos. En antaño Juan Manuel Guillen los convirtió en
su cogobernantes. De tal forma los cargadores fueron y son el soporte de su
presencia política en la ciudad de Arequipa. Durante 10 años de cogobierno dichos
dirigentes desarrollaron sus proyectos de vivienda sin ningún tipo de freno,
haciendo que la ciudad pueda crecer por angas
y por mangas por todas sus latitudes posibles.
En busca del mismo caudal electoral Alfredo
Zegarra lanzó muy audazmente el Programa Municipal de Vivienda (Promuvi), sin
embargo naufragó con consecuencias nada agradables. Se enfrentó y disputó el
mismo espacio de los dirigentes de las asociaciones de vivienda. Para bajarles
la llanta el alcalde Harberth Zuñiga tuvo que acusarlo y denunciar a uno los
dirigentes de “lavado de activos”. Luego, perdió la confianza de los 30 mil
inscritos en dicho programa quienes sienten que Zegarra los estafó. Ahora viene
la renuncia José Luis Cavero Astete al movimiento Arequipa Renace quien era
nexo directo con los dirigentes a través de la Oficina Municipal de Diálogo,
Sostenibilidad y Fortalecimiento de los Asentamientos Humanos de Arequipa.
La semana que paso la Gobernadora Yamila
Osorio Delgado también lanzó su programa de vivienda quien está ofertando la construcción 2 mil viviendas el sector de las “Terrazas de
Yura” con apoyo del Ministerio de la Vivienda, con una inversión
de 160 millones soles para la construcción en las 50 hectáreas. Aun no se
conocen mayores detalles, sí dichas viviendas serán sorteadas a las personas
sin techo o vendidos a los que requieren una vivienda. El amor al chicharon también
es el mismo de tener un caudal fidelizados de un contingente de votos para negociarse en
tiempos electorales.
Hacer negocio de lotes
o hacer negocio de votos con las necesidades de la población es una práctica
típica de los dirigentes y los políticos
en el país. Los justo y real sería que los partidos políticos y movimientos
regionales conviertan esta necesidad de la vivienda en una política pública o una
plataforma de gobierno en serio donde de se oferten programas de vivienda de interés
social para la familias que lo requieran y los mismos sean ofertadas con todos
los servicios básicos que requieran para vivir dignamente. Eso parece un
imposible un una ciudad como la nuestra donde toda terreno baldío está invadido
y lotizado.


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